Por primera vez, el Órgano Judicial toma la iniciativa de promover una reforma estructural de la justicia en Bolivia, convocando a los demás poderes del Estado y a diversos sectores institucionales a un Primer Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial, programado para el 14 de noviembre en la ciudad de Sucre, capital del país.
El encuentro, organizado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, busca sentar las bases de una transformación profunda del sistema judicial. Participarán el Ejecutivo, el Legislativo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el cuerpo diplomático, universidades y colegios de abogados, pero sin la presencia de los cinco magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
“Este diálogo va a ser el inicio de una reforma judicial que el país necesita. Queremos aprovechar la predisposición del Ejecutivo y del nuevo Legislativo”, afirmó el presidente del TSJ, Rómer Saucedo, quien enfatizó que la convocatoria nace desde el propio Órgano Judicial, y no desde el Gobierno, como en anteriores gestiones.
El evento contará con cuatro mesas de trabajo: Reforma Normativa, Presupuesto del Órgano Judicial, Carrera Judicial, y Desarrollo Tecnológico y Modernización. Según Saucedo, el objetivo es recuperar la independencia judicial y garantizar seguridad jurídica.
El presidente Rodrigo Paz confirmó su asistencia y respaldo a la iniciativa, en línea con su propuesta de instalar un “gran encuentro nacional por la reforma judicial”. También participarán representantes del TSE, cuyo titular, Óscar Hassenteufel, exhortó a la Asamblea Legislativa a convocar elecciones judiciales complementarias para sustituir a los magistrados prorrogados.
El llamado excluye expresamente a los actuales cinco tribunos del TCP —Gonzalo Hurtado, René Espada, Karem Gallardo, Isidora Jiménez y Julia Cornejo—, mientras que sí se invitó a los cuatro magistrados electos en diciembre de 2024.
A diferencia de los intentos de reforma impulsados por gobiernos anteriores, esta convocatoria no incluye a organizaciones sociales afines al MAS, ni se desarrollará bajo la Ley 898, que en 2016 otorgaba al Ministerio de Justicia la dirección del proceso de seguimiento.
“Nosotros no le debemos nada a los políticos. Cuando un ministro intentó golpear al Órgano Judicial, tomamos acciones y defendimos la independencia institucional”, subrayó Saucedo, remarcando que esta vez la transformación parte del propio sistema judicial y no de intereses partidarios.
La cita del 14 de noviembre en Sucre se perfila como un punto de inflexión para el futuro del sistema judicial boliviano y un gesto inédito de coordinación entre los poderes del Estado bajo la nueva administración nacional.
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