Después de 18 años de ausencia operativa en el país, la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos retomará labores de cooperación técnica e intercambio de inteligencia con Bolivia, según informó el gobierno encabezado por Rodrigo Paz.
La reanudación de relaciones se plantea bajo un enfoque estrictamente técnico, orientado a la reducción de cultivos ilegales, la interdicción del tráfico de drogas y la desarticulación de organizaciones criminales de alcance transnacional. De acuerdo con autoridades nacionales, el acuerdo buscará respetar la soberanía del Estado boliviano, limitando la presencia de la agencia estadounidense a tareas de apoyo especializado.
La DEA fue expulsada del país en 2008 durante la administración de Evo Morales, en medio de una crisis política marcada por acusaciones de injerencia en asuntos internos. En ese entonces, Bolivia registraba aproximadamente 30.500 hectáreas de cultivos de coca y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) reportaba incautaciones anuales de cocaína cercanas a las 25 y 30 toneladas, en un contexto sin cooperación operativa directa con agencias extranjeras.
El panorama actual muestra cifras más elevadas. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2024 la superficie cultivada de coca alcanzó aproximadamente 34.000 hectáreas. Ese mismo año, el Estado boliviano informó la erradicación o racionalización de 10.001 hectáreas, mientras que las incautaciones de cocaína llegaron a 66 toneladas, más del doble que en 2008. Las autoridades atribuyen este incremento tanto a un mayor despliegue operativo como al aumento del flujo del narcotráfico y al uso de Bolivia como territorio de tránsito regional.
La cooperación técnica prevista contempla intercambio de datos forenses, capacitación especializada, apoyo en trazabilidad de cargamentos e investigaciones transfronterizas. No obstante, su implementación dependerá de la firma de acuerdos legales y la definición de protocolos operativos específicos.
Autoridades advierten que la reacción de organizaciones cocaleras, particularmente en la región del Chapare, así como la polarización política interna, podrían generar tensiones en la aplicación de las nuevas políticas antidroga. Además, la presencia de cárteles y grupos armados regionales eleva el riesgo de violencia, lo que obligará a complementar la cooperación internacional con el fortalecimiento institucional de la Policía, el Ministerio Público y el sistema judicial para garantizar resultados sostenibles en la lucha contra el narcotráfico.
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