Según la información preliminar proporcionada por instancias policiales, la medida fue asumida como parte de las acciones de control y depuración dentro del sistema penitenciario, con el objetivo de preservar la seguridad interna y evitar posibles infiltraciones de estructuras criminales transnacionales.
Desde el Ministerio de Gobierno se señaló que la decisión responde a la política de tolerancia cero frente a cualquier indicio de corrupción o vínculos ilícitos en instituciones del Estado, particularmente en áreas sensibles como el régimen penitenciario.
El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público para que se inicien las investigaciones correspondientes y se determinen responsabilidades conforme a ley, mientras las autoridades anunciaron que se reforzarán los controles en los centros penitenciarios del departamento de Pando.
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