Las nuevas autoridades de la Policía Boliviana presentaron un Plan de Modernización y Reinstitucionalización que contempla reformas legales, cambios estructurales y el uso de herramientas digitales, con el objetivo de combatir la corrupción interna, fortalecer la institucionalidad y mejorar la seguridad ciudadana frente al crimen organizado.
Durante la presentación del plan, realizada el 4 de febrero, el comandante general de la Policía, Mirko Sokol, afirmó que la institución arrastra más de dos décadas de debilitamiento institucional. “Son más de dos décadas en las que nos han dejado una Policía desinstitucionalizada, donde se generaron espacios para cometer irregularidades”, sostuvo.
Sokol identificó a la corrupción como el principal obstáculo para recuperar la disciplina interna y brindar un mejor servicio a la población. En ese marco, informó que en solo dos meses de gestión se registraron 79 casos, con 151 policías de distintos rangos procesados por hechos de corrupción, varios de ellos vinculados al cobro de coimas.
Reformas legales en evaluación
Entre las principales propuestas figura la modificación de la Ley 101 de Régimen Disciplinario, con el fin de evitar el doble juzgamiento, reducir la burocracia y acortar los plazos en los procesos disciplinarios. Según el exviceministro de Régimen Interior, René Calla, esta norma se encuentra en su fase final de revisión antes de ser remitida al Ejecutivo.
La presidenta de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas, Catherine Pinto, confirmó que ya se trabaja en un borrador de las modificaciones, el cual deberá ser socializado con los sectores involucrados antes de su tratamiento legislativo.
Asimismo, se evalúa la presentación de un nuevo proyecto de ley para respaldar el uso de armas de fuego por parte de los uniformados, especialmente en situaciones de alto riesgo. Calla explicó que la iniciativa busca brindar seguridad jurídica a los policías, frente a grupos delincuenciales que, en medio de protestas, utilizan explosivos como dinamita contra los efectivos.
No obstante, aclaró que cualquier norma en este ámbito deberá estar debidamente fundamentada, considerando que Bolivia es signataria de tratados internacionales sobre derechos humanos.
Cambios en la carrera policial y meritocracia
El plan también incluye la modificación de la Ley 1387 de Carrera de Generales y Ascensos, cuestionada por permitir la participación de autoridades civiles en el Alto Mando policial. El coronel en servicio pasivo Erick Millares advirtió que esta norma rompe la estructura institucional al permitir que personas sin formación policial influyan en decisiones operativas.
Además, se plantea una reforma integral al manejo del personal, mediante un sistema digital de control de destinos, con el fin de erradicar prácticas como el cobro por cambios de lugar de trabajo y reducir la injerencia política en las designaciones.
Recursos, tecnología y acercamiento ciudadano
Sokol señaló que el plan contempla estrategias para generar recursos económicos adicionales, más allá del presupuesto asignado por el Tesoro General del Estado. En ese sentido, pidió comprensión a la población respecto a algunos cobros por servicios policiales, asegurando que estos ingresos serán destinados a mejorar la seguridad y ya no a beneficios personales. “Ese dinero que antes se quedaba en los bolsillos de algunos pasará a las cuentas del Estado”, afirmó.
En el eje de modernización, la Policía trabaja con apoyo de organismos internacionales en la implementación de aplicaciones digitales para la recepción de denuncias, así como en sistemas de intercambio de información en tiempo real con fuerzas de seguridad de otros países, para enfrentar delitos transnacionales.
Finalmente, el plan incluye acciones conjuntas con el Ministerio de Educación para incorporar contenidos de seguridad ciudadana, tránsito y prevención de la violencia en las escuelas, con el objetivo de fortalecer una cultura de prevención desde edades tempranas.
Según las autoridades, los pilares de esta nueva gestión se sustentan en disciplina y liderazgo, modernización operativa, seguridad jurídica y sostenibilidad, además de confianza ciudadana, en un intento por recuperar la credibilidad de la institución policial ante la sociedad.
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