Desde el Gobierno se informó que la medida busca dejar atrás un sistema calificado como “opaco”, que durante años permitió adjudicaciones sin los debidos procesos de licitación. En esa línea, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, señaló que en la gestión anterior se emitieron 161 decretos, de los cuales 105 habilitaban contrataciones directas.
El nuevo decreto dispone la abrogación y derogación de estas normativas, estableciendo que todas las contrataciones deberán regirse bajo el sistema regular de licitaciones públicas, con mecanismos de control y fiscalización.
Asimismo, el Ejecutivo denunció una serie de irregularidades vinculadas a este tipo de contrataciones, entre ellas la existencia de obras inconclusas, infraestructura abandonada y la compra de 702 ambulancias sin proceso de licitación.
Con esta medida, el Gobierno busca reforzar la transparencia, mejorar el uso de los recursos públicos y recuperar la confianza ciudadana en la gestión estatal.
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