Arce se encuentra con detención preventiva desde diciembre de 2025, en el marco de una investigación por presuntos delitos cometidos durante su gestión como ministro de Economía, vinculados al caso Fondo Indígena.
En su pronunciamiento, el exmandatario aseguró que fue privado de libertad sin una orden legal de aprehensión, calificando el hecho como “un secuestro al margen de la ley”. Asimismo, afirmó que no recibió notificación previa de ningún proceso en su contra, pese a haber manifestado su disposición de presentarse ante las autoridades judiciales.
Según la carta, dentro del proceso impulsado por el actual Gobierno, todas las solicitudes de su defensa habrían sido rechazadas, incluyendo un pedido para someterse a exámenes médicos recomendados por un cardiólogo, lo que —según sostiene— pone en riesgo su salud.
Arce también denunció condiciones inadecuadas de reclusión, señalando que fue alojado en un espacio sin condiciones mínimas de habitabilidad. Añadió que fue sometido a interrupciones constantes para la toma de fotografías, práctica que —indicó— cesó parcialmente tras reclamos de su entorno, aunque aseguró que aún es registrado con imágenes y videos dentro del recinto.
En ese contexto, el exjefe de Estado calificó estos hechos como “actos de tortura psicológica”. Además, cuestionó el allanamiento reciente de su domicilio, interpretándolo como parte de acciones orientadas a su “muerte civil y política”.
En su mensaje, Arce hizo un llamado a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, así como a las autoridades judiciales, para que se garantice el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia de jueces y fiscales.
Finalmente, rechazó las acusaciones en su contra y afirmó: “Yo no he robado, yo no he matado, yo no he mentido al pueblo boliviano”. El exmandatario concluyó calificando el proceso como una “persecución política, mediática e institucional” y una forma de “venganza”, en lo que considera un deterioro del Estado de derecho en el país.
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