La medida, impulsada por una acción popular, fue justificada como un mecanismo para proteger el derecho ciudadano a un voto libre. Sin embargo, generó una ola de cuestionamientos desde sectores políticos y cívicos, que denuncian una vulneración a la libertad de expresión y al acceso a la información.
Desde el Comité pro Santa Cruz se alertó sobre la gravedad del fallo, mientras que legisladores y exautoridades calificaron la decisión como un posible exceso judicial. Incluso, se advirtió sobre una supuesta interferencia en competencias del órgano electoral.
Ante la polémica, el Tribunal Supremo Electoral rechazó la determinación y anunció que defenderá su postura en una audiencia prevista para el 17 de abril. Paralelamente, el Consejo de la Magistratura inició una investigación para evaluar la actuación del juez, en un caso que intensifica el clima político en plena etapa decisiva del proceso electoral.
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