Según el Gobierno, la ruta Santa Cruz–La Habana habría operado sin un estudio técnico de rentabilidad, generando pérdidas millonarias entre 2023 y 2025. La denuncia señala vuelos con baja cantidad de pasajeros y presuntas irregularidades en pagos realizados en Cuba.
El Ministerio Público investiga a seis exfuncionarios por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
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