El Gobierno dispuso la intervención temporal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un periodo de hasta 180 días calendario, medida establecida mediante el Decreto Supremo 5697, aprobado el 1 de septiembre.
La determinación surge ante las deficiencias identificadas en las operaciones de la empresa estatal y tiene como objetivo fortalecer la cadena logística de importación y distribución de carburantes en el país.
Según establece la norma, la intervención busca implementar mecanismos extraordinarios de control, supervisión y transparencia, además de proteger los intereses del Estado mediante una acción estatal calificada como extraordinaria, temporal y transparente.
El decreto también contempla que, de manera excepcional, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías pueda ampliar el periodo de intervención mediante una Resolución Ministerial, en caso de que persistan las causas que motivaron la medida.
La normativa aclara que la intervención no implica la desaparición de YPFB ni modifica su naturaleza jurídica o la estructura institucional establecida por la legislación vigente.
Asimismo, las acciones de la Comisión Interventora deberán desarrollarse bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, eficiencia, transparencia y responsabilidad pública.
La comisión estará integrada por representantes de los ministerios de Economía y Finanzas Públicas; Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua; Hidrocarburos y Energías; Obras Públicas, Servicios y Vivienda; además del Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública, dependiente del Ministerio de la Presidencia.
Con esta medida, el Gobierno busca establecer un mayor control sobre las operaciones vinculadas a la importación y distribución de combustibles, en un contexto marcado por cuestionamientos y dificultades en el abastecimiento de carburantes.
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